Días atrás, representantes de las Cooperativas asociadas a la Federación Chubutense de Cooperativas (FECHCOOP) se reunieron en la Legislatura con la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos. Allí plantearon los inconvenientes que tienen las prestatarias para su funcionamiento, entre ellos, la falta de tarifas acordes a la realidad financiera, lo cual compromete severamente la prestación de los servicios públicos.
En un escrito dirigido a los diputados provinciales se les expresó que “las tarifas en la Provincia del Chubut no acompañan los costos para brindar los servicios públicos. Y dichos costos no excedan de 3 grandes grupos: la compra de energía mayorista, los insumos para prestar los servicios públicos (agua potable, energía, sepelios, etc.) y la masa salarial, de los cuales al menos dos de ellos no dependen de mesas de discusión o de acuerdo en la que las asociadas puedan estar representadas o al menos con poder amplio de decisión. Además de que las tarifas no representan los costos, tampoco siguen un criterio uniforme en toda la provincia siendo que no es tan dispar el cálculo de costo por localidad”.
Añade que “la muestra más cabal del conflicto costos-tarifas se dan en las localidades de Rawson y Sarmiento, ambas con un gran componente político detrás de las decisiones tarifarias, generando una brecha costo-tarifa que lleva al quebranto ineludible de las sociedades cooperativas”.
Calidad en la distribución de Servicios Públicos
Continúa señalando el escrito dirigido a los legisladores que “todo lo expuesto trae como corolario una merma en la calidad de prestación de Servicios Públicos, fundamentalmente traducido en el poder de compra de insumos básicos y poder de reposición de elementos cuyos costos en su mayoría se encuentran dolarizados, principalmente los destinados a la distribución de la energía eléctrica. El no poder afrontar dichos costos obliga a prestar servicios de menor calidad, dejando de lado inversiones necesarias, poder reparar sistemas cloacales obsoletos al largo del tiempo, potabilizar con calidad el agua y cantidad procurando reservas para paliar eventos climatológicos como los ya vividos. Todo ello, sin hablar de la expansión de los servicios públicos a nuevos loteos, mejorar sectores vulnerables, nuevos barrios y asentamientos”.
En torno a las posibles soluciones, se detallan que “la compra de energía mayorista debe llegar de la mano de Hidroeléctrica Futaleufú, con participación estatal mayoritaria en su conformación luego del vencimiento de la Concesión de la misma”.
Además, se propone “implementar una tarifa de referencia que fije valores de acuerdo a cada localidad con sus particularidades de suministro de servicio (tipo de servicios, acueductos, que varían según cada cooperativa). La ley necesariamente debe fijar un organismo provincial con el Ente Provincial Regulador de los Servicios Públicos, hoy activo y en funcionamiento para terminar con la disparidad tarifaria. Más allá de la delegación de facultades de la Constitución Provincial, los Poderes Concedentes fijan tarifas políticas y no técnicas que no permiten cubrir los costos operativos. La solución podría venir de la mano de una Ley de Emergencia ampliada a la actual existente. El fundamento debería rondar el concepto que los servicios públicos se encuentran en emergencia en cuanto a su prestación y el colapso es inminente con el peligro que ello conlleva en la seguridad y salubridad pública”.
Finalmente, se plantea “establecer para la conformación de las tarifas, un sistema de cálculo de costos de la prestación de los servicios. La Universidad San Juan Bosco tiene ya elaborado un mecanismo que fue probado en algunas cooperativas y que puede reflejar cabalmente los mismos para ser utilizado como base unívoca de datos”.