Hace 41 años, la Cooperativa de Servicios Públicos Consumo y Vivienda Rawson Ltda viene manteniendo los servicios en la ciudad. Fue un 18 de marzo de 1983 cuando se firmó el Convenio de Transferencia en la intendencia de Antonio Zorrilla Sánchez que observando el crecimiento de Rawson entendió que la Municipalidad no podía sostener bajo su órbita el sistema de Servicio Eléctrico y Agua, por ello transfirió a título gratuito y sin ventaja patrimonial los bienes a la Cooperativa que por entonces era presidida por Esteban Cerra.
El 15 de junio de 1983 se sancionó la Ordenanza que estableció la concesión por 30 años dándole ese tiempo para proyectar y crecer en servicios junto a la Municipalidad en favor de los vecinos. Al vencer ese importante acuerdo, los plazos de concesión se acortaron y hoy ese tiempo se redujo a sólo seis meses. Desde entonces esta situación ha sido sistemática donde primaron decisiones políticas en detrimento de la Entidad que debe velar por los servicios para los usuarios.
Las distorsiones tarifarias las provocaron los poderes concedentes de turno, Intendentes, Concejales que hicieron que algo técnico lo transformen en político, y de esa manera someter a la Cooperativa para satisfacer sus necesidades, estableciendo subsidios que como política social deberían estar contempladas en el presupuesto Municipal y no en Ordenanzas que luego terminan pagando los usuarios a través de los servicios.
Ante estas situaciones la prestataria tuvo que absorber esos retrasos tarifarios con fondos que no le son propios provocando el endeudamiento actual. El poder Concedente permitió que eso ocurriera por muchos años, por lo que no pueden quitarse culpas del daño que le generaron a la Cooperativa. Su responsabilidad es fijar Tarifas Justas para que la empresa pueda brindar y sostener razonablemente los servicios sin perjudicar a los vecinos.
Observamos con preocupación el ataque de estos últimos 10 meses a este Consejo de Administración y al sistema Cooperativista que hoy nos toca defender. En lo financiero, el Ejecutivo Municipal no ha querido conciliar acreencias como si lo ha hecho en otras oportunidades. Sólo hemos podido acordar la deuda que se mantenía con la Asociación de Bomberos, generando un compromiso de pago mensual de esa deuda, que con intereses sumó 78 millones de pesos que venimos cumpliendo y además se le deposita el corriente semanal como lo determina la ordenanza. Hoy nuestros Bomberos no tienen que distraer su tiempo haciendo reclamos por el no cumplimiento. De igual manera queremos hacerlo con la Municipalidad y otros entes con los que estamos tratando de establecer acuerdos. Estamos haciendo mucho esfuerzo para sanear la realidad de la empresa, pero lamentablemente vivimos un ataque permanente contra esta Administración cuando nos expresan que no estamos preparados, que no estamos a la altura de las circunstancias o cuatros de copas, que somos siempre los mismos y no es así como tampoco antes integramos otras gestiones. Somos socios comprometidos con los vecinos, no un grupo que lo único que persigue son intereses políticos o personales.
Prueba de ello es que sostenemos el Plan de Electrointensivos que proyectó el Ejecutivo Municipal mediante ordenanza para los vecinos de escasos recursos que no cuenten con gas natural, asumiendo el costo de ese subsidio sólo la Cooperativa todo el año 2023 y lo que va del 2024, ya que no hemos podido conciliar deudas, lo mismo ocurre con el transporte de agua potable para aquellos vecinos que les permitieron ocupar lugares donde aún no cuentan con ese vital servicio.
Hemos dispuesto que un importante espacio de nuestro edificio que en otro momento estuvieron pensados para otra utilidad, hoy esa superficie de 890 metros cuadrados a través de un comodato con el Ministerio de Educación de la Provincia lo ocupa el Centro de Educación Profesional que promueve cursos con salida laboral y cuenta con una matrícula de casi 600 alumnos de diferentes edades, todos vecinos de nuestra ciudad.
A su vez el Centro de Monitoreo Playa Unión, es un espacio de la Cooperativa que la Municipalidad utilizó con un comodato vencido, el cual se regularizó a través de un convenio que efectuó la prestataria con el Ministerio de Seguridad para que brinde ese servicio a los vecinos.
Respecto a otros espacios de propiedad de la Cooperativa, el de la calle Moreno y pasaje Garzón que hoy ocupa la Municipalidad para que funcione el Tribunal de Faltas debemos decir que dicho comodato está vencido desde el mes de abril, situación notificada para establecer un nuevo acuerdo. No obtuvimos respuesta alguna por parte de la Municipalidad por lo que tramitamos su desalojo. Caso similar ocurre con el edificio de la calle Conesa (ex usina).
Reiteramos, la Cooperativa es blanco de ataque por parte del Ejecutivo Municipal, porque en catorce días se presentaron dos proyectos en el Concejo Deliberante. El día 4 de septiembre la Secretaria de Gobierno, Karina Barneche a cargo de la Intendencia eleva el proyecto de ordenanza 193/24 para declarar la nulidad del convenio celebrado entre la Cooperativa y la Municipalidad ratificado mediante la ordenanza 6620 del año 2008 que establece en su artículo 3 por el que la Municipalidad admite y reconoce que los bienes del sistema de distribución eléctrica transferidos oportunamente mediante el convenio de transferencia pertenecen al dominio privado de la Cooperativa, esa ordenanza fue aprobada el día 5 de Diciembre del año 2008 cumpliendo con lo establecido en la Carta Orgánica, dicha solicitud roza la inconstitucionalidad.
El día 18 de septiembre el Sr. Intendente eleva el proyecto de Ordenanza 212/24 solicitando la declaración de emergencia en materia de servicios públicos haciendo una serie de consideraciones que pertenecen a la administración de la Cooperativa, al establecer en su punto 3 que se suspenda por el plazo de 180 días la aplicación del corte de suministro de energía eléctrica a todos los usuarios por la falta de pago de una sola facturación, la Cooperativa se mantiene con los servicios que presta siendo esta una clara intromisión en la economía propia de la Empresa.
Consejo de Administración